CRECEN LAS DENUNCIAS POR IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS: 180 QUERELLAS ACTIVAS CONTRA EXAUTORIDADES

Al menos 180 denuncias penales y administrativas están actualmente activas contra exautoridades municipales, así como contra algunos funcionarios estatales y de organismos autónomos, debido a diversas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos. Estas denuncias son investigadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Arturo Lucio Salas Miguela, titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), informó que el número de denuncias ha aumentado significativamente, abarcando querellas presentadas desde 2017, cuando se modificó la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De las 180 denuncias, 150 han sido dirigidas a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, mientras que 30 se han interpuesto ante el TJA. La mayoría de los casos involucran a exautoridades municipales, aunque también se incluyen dependencias estatales y órganos autónomos.

El auditor aclaró que el proceso de resolución de estas denuncias puede ser lento, ya que, tras su presentación, se abren periodos legales que permiten a los implicados defenderse. «Nos gustaría que los procedimientos fueran más ágiles, pero la carga de trabajo y los plazos establecidos por la ley afectan la rapidez del avance», reconoció. Sin embargo, el OFS ha estado colaborando con la Fiscalía y el TJA para proporcionar la información necesaria para el desarrollo de los casos.

Salas Miguela también subrayó que estas denuncias son consecuencia del mal manejo de recursos públicos, lo que ha llevado a la reprobación de las cuentas públicas de las autoridades implicadas. Las querellas se centran, en su mayoría, en expresidentes municipales, extesoreros y exdirectores de obra pública, quienes son responsables de la administración de los recursos y la ejecución de obras.

El titular del OFS advirtió que las investigaciones podrían extenderse a otros exintegrantes de los cuerpos edilicios, pero que serán las autoridades jurisdiccionales las encargadas de determinar las responsabilidades correspondientes.