FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN EN TLAXCALA: AVANCES LIMITADOS Y DESAFÍOS ESTRUCTURALES EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Durante el año 2023, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Tlaxcala inició un total de 369 investigaciones por presuntos delitos de corrupción. Sin embargo, solo 33 de estas investigaciones avanzaron lo suficiente como para ser judicializadas, y de estas, únicamente en 29 se logró la vinculación a proceso de los presuntos responsables. A pesar de estos avances, solo un caso culminó en una sentencia condenatoria. Este panorama refleja un fenómeno conocido como el “embudo penal”, donde, a medida que las investigaciones progresan, el número de casos se reduce significativamente, y solo una pequeña fracción llega a ser procesada y, aún menos, a una resolución judicial.

El Observatorio Ciudadano Anticorrupción, en su análisis de las fiscalías anticorrupción en México, ha señalado que los resultados obtenidos por la FECC de Tlaxcala son preocupantes y reflejan una tendencia nacional. En el caso de Tlaxcala, esta situación se atribuye a una grave falta de recursos humanos y materiales. La Fiscalía Anticorrupción solo cuenta con cuatro agentes del Ministerio Público, seis policías de investigación, y cuatro analistas, sin personal especializado en la materia, como peritos. Esta carencia ha persistido desde 2020, lo que pone de manifiesto las limitaciones estructurales para abordar la corrupción de manera efectiva.

A través de este informe, también se dio a conocer que, en promedio, cada agente del Ministerio Público tiene a su cargo 92 investigaciones, mientras que cada policía investigador supervisa alrededor de 62 casos. Esta alta carga de trabajo, combinada con la falta de personal especializado, genera retrasos y obstáculos en las diligencias, lo que afecta directamente la capacidad de la Fiscalía para resolver casos de corrupción de manera eficaz.

La situación se agrava por la dependencia de la Fiscalía de los policías ministeriales asignados a la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes, aunque apoyan en las investigaciones, no están necesariamente capacitados para lidiar con delitos de corrupción. Esta falta de personal especializado es una de las principales críticas que se han hecho al sistema anticorrupción en Tlaxcala y otras entidades del país. En algunas regiones, incluso los titulares de las fiscalías anticorrupción han señalado que hay más policías asignados como escoltas que en las propias fiscalías anticorrupción, lo que refleja la prioridad dada a la seguridad personal sobre la investigación de delitos graves.

El estudio también resalta que, a pesar de las dificultades, las autoridades han optado por resolver algunos casos a través de vías alternas como los acuerdos reparatorios, los cuales permiten una reparación del daño sin llegar a juicio. En Tlaxcala, tres investigaciones fueron cerradas de esta manera en 2023.

El informe del Observatorio Ciudadano Anticorrupción también revela que, entre 2020 y 2022, la carga de trabajo para los agentes del Ministerio Público y los policías investigadores se mantuvo extremadamente alta, sin mejoras sustanciales en la judicialización de casos. En 2020, de 624 investigaciones iniciadas, solo 16 fueron judicializadas y una resultó en la vinculación a proceso de un presunto responsable. En 2022, de 559 casos, 126 fueron judicializados y 24 vinculados a proceso.

A lo largo de los años, la baja judicialización de los casos de corrupción en Tlaxcala ha sido evidente, lo que genera altos niveles de impunidad. Entre 2020 y 2022, no se logró ninguna sentencia condenatoria por corrupción en el estado, lo que pone en duda la efectividad de la Fiscalía en la lucha contra este flagelo.

Este panorama también ha sido estudiado a nivel académico. En su tesis para obtener el grado de Doctora en Gobierno, Gestión y Democracia, Jehivie Adaluz Cabrera López señaló que la Fiscalía Anticorrupción de Tlaxcala “carece de eficacia y eficiencia”. Afirmó que, aunque se habían iniciado 667 carpetas de investigación entre 2018 y 2020, solo el 2.5% de ellas fueron judicializadas, lo que demuestra la falta de impacto real en la lucha contra la corrupción en el estado. Además, Cabrera López destacó la inestabilidad laboral de la Fiscalía, debido a que el personal está contratado bajo el régimen de honorarios, lo que genera alta rotación y afecta la calidad del trabajo.

Los resultados de esta investigación reflejan una grave debilidad estructural en la Fiscalía Anticorrupción de Tlaxcala, con una carga de trabajo excesiva y falta de recursos, lo que dificulta la persecución efectiva de los delitos de corrupción. A medida que el estado sigue luchando contra estos desafíos, se hace urgente una reforma profunda en la Fiscalía, que implique tanto el fortalecimiento de los recursos humanos como la implementación de medidas que aseguren una mayor eficiencia en la investigación y judicialización de los casos de corrupción.