APROBACIÓN DE AUMENTOS EN TRÁMITES Y SERVICIOS EN TLAXCALA GENERA PROTESTAS CIUDADANAS
Este martes, el Congreso de Tlaxcala aprobó modificaciones al Código Financiero que incluyen incrementos en trámites y servicios clave para la ciudadanía, presentados bajo el argumento de ser “nuevos derechos”. La medida, promovida por el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros y respaldada por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, ha desencadenado una ola de críticas en la población, que califica estos ajustes como un golpe directo a la economía familiar.
Las reacciones de los ciudadanos son contundentes, especialmente por el impacto de estos aumentos en trámites que afectan actividades cotidianas y momentos significativos en la vida de las personas.
Rafael Morales, comerciante local, se mostró indignado por el incremento en los costos de las actas de nacimiento y defunción: “Subir el precio de estos documentos es una falta de respeto. ¿Cómo pueden decir que esto es para beneficio de la ciudadanía cuando están lucrando hasta con la muerte?”. Morales ejemplificó que, con una familia de tres hijos, el gasto para obtener actas actualizadas pasará de 486 a 810 pesos. “Es un lujo ser legal en este estado”, señaló.
Sofía Ramírez, estudiante de Huamantla, lamentó que los costos en trámites escolares también se encarezcan: “Certificados y constancias que antes eran accesibles ahora serán impagables. En lugar de ayudarnos a avanzar, nos están poniendo más obstáculos. Es vergonzoso que hasta estudiar sea caro”.
Arturo Sánchez, pensionado de San Pablo del Monte, criticó el aumento en los costos de servicios básicos, especialmente en las actas de defunción: “Lo que están haciendo con los trámites de defunción es cruel. Ahora, además del dolor de perder a un ser querido, tendré que pagar el doble. Parece que están desesperados por sacar dinero de donde sea”.
María Elena Gutiérrez, ama de casa de Chiautempan, expresó su frustración por el alza en los costos de matrimonios a domicilio: “Antes se cobraban mil 296 pesos, y ahora quieren que paguemos más de 2 mil. ¿Qué sigue? ¿Cobrar por respirar?”.
Luis Pérez, transportista de Tlaxcala capital, se mostró preocupado por los aumentos en las concesiones de transporte: “Pasar de 41 mil a casi 60 mil pesos es un robo. Esto no solo nos afecta a los transportistas, sino también a los usuarios, porque inevitablemente las tarifas van a subir”.
Javier Contreras, obrero de Calpulalpan, añadió: “Nos dicen que es por el bien del estado, pero no ven la realidad. Todo sube y nuestros sueldos no alcanzan para tanto. Estos aumentos no solo son injustos, sino abusivos”.
La indignación de los tlaxcaltecas es palpable. Exigen mayor sensibilidad y transparencia en las decisiones fiscales, señalando que estos incrementos no parecen ser un esfuerzo genuino para mejorar los servicios, sino un reflejo de la desconexión y la falta de empatía hacia las necesidades de la población.
Mientras tanto, la ciudadanía teme que estos aumentos sean solo el comienzo de una serie de ajustes económicos que seguirán afectando a los sectores más vulnerables, especialmente en el año 2025. Las protestas continúan creciendo, y los tlaxcaltecas claman por medidas más justas y equitativas.
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