CONGRESO DE TLAXCALA APRUEBA REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA; DIPUTADOS DEL PRD Y PAN SE OPONEN

El Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó, por mayoría de votos, la minuta de reforma al artículo 19 de la Constitución, que añade nuevos delitos graves que ameritarán prisión preventiva oficiosa. Entre estos delitos se incluyen la extorsión, la producción, importación y exportación de drogas sintéticas como el fentanilo, así como el contrabando y actividades relacionadas con la falsificación de comprobantes fiscales.

La reforma, que fue aprobada horas antes por el Senado de la República, fue avalada por los diputados tlaxcaltecas en una sesión extraordinaria. No obstante, tres diputadas de los partidos PRD y PAN votaron en contra, argumentando que la modificación atenta contra los derechos humanos y viola tratados y convenios internacionales firmados por México.

La diputada panista Miriam Martínez Sánchez expresó su preocupación por el impacto de esta reforma en los derechos humanos, señalando que atenta contra la presunción de inocencia y que las medidas adoptadas no han logrado reducir los índices de criminalidad en el país. Aseguró que la estrategia de «abrazos no balazos» ha fracasado, y que la prisión preventiva oficiosa, lejos de ser efectiva, ha aumentado la violencia e inseguridad. Citó datos del INEGI que indican que cuatro de cada diez personas en prisión preventiva aún no han recibido sentencia, lo que califica como una «pena anticipada» que incluso podría ser más larga que la pena que se impondría por el delito.

Por su parte, la diputada perredista Laura Yamili Flores Lozano señaló que esta reforma representa una incongruencia, ya que, aunque la prisión preventiva justificada puede aplicarse en casos excepcionales, la presunción de inocencia debería seguir siendo un principio fundamental del sistema de justicia penal. Destacó que la reforma vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la libertad y a no ser discriminado, además de que atenta contra la autonomía judicial y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Blanca Águila Lima, coordinadora de la bancada del PRD, también votó en contra, calificando la reforma como un retroceso en el sistema de justicia penal. Señaló que la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa abre la puerta para un uso discrecional y potencialmente político de esta medida, lo que podría poner en riesgo a quienes se oponen al poder.

En defensa de la reforma, el diputado petista Silvano Garay Ulloa pidió a sus compañeros que le otorgaran el beneficio de la duda a la reforma y sus implicaciones. Aseguró que la presunción de inocencia «no ha dado los resultados esperados» y sugirió que, si las reformas no funcionan, podrían ser modificadas en el futuro. “Dejemos que entre en vigor y veamos su impacto”, concluyó Garay Ulloa.

La reforma ahora debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor, a pesar de las fuertes críticas de los opositores, quienes consideran que la medida podría generar más injusticias que beneficios en la lucha contra la delincuencia.