DIPUTADA MIRIAM ESMERALDA MARTÍNEZ PRESENTA INICIATIVA PARA CREAR UN SISTEMA INTEGRAL DE CUIDADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES

Con el objetivo de establecer un sistema integral de cuidados para personas adultas mayores en situación de abandono, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Atención a las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala. El sistema estaría operado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).

La legisladora explicó que la propuesta busca garantizar la asistencia comunitaria a largo plazo, priorizando la independencia de las personas adultas mayores y creando condiciones para mejorar su calidad de vida. Además, se pretende potenciar las circunstancias que les permitan vivir y trabajar de manera autónoma, de acuerdo con sus deseos y posibilidades.

DERECHO A UN SISTEMA DE CUIDADOS ESPECIALIZADO

Una de las principales medidas planteadas en la iniciativa es el reconocimiento del derecho de las personas adultas mayores a recibir atención especializada en un sistema de cuidados, el cual garantice una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos.

Martínez Sánchez también propuso redefinir el concepto de «abandono» en la legislación estatal, con el fin de visibilizar esta problemática y armonizar las normas locales con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta reforma busca asegurar que tanto las instituciones públicas como privadas ofrezcan cuidados integrales no discriminatorios, incluyendo servicios paliativos, evitando el aislamiento social y gestionando adecuadamente el miedo a la muerte, el dolor y el sufrimiento innecesario de los pacientes terminales.

AJUSTES REGLAMENTARIOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

Finalmente, la diputada señaló que, en caso de ser aprobada la reforma, el SEDIF contará con un plazo de seis meses para realizar los ajustes reglamentarios necesarios y emitir disposiciones complementarias para la operación del Sistema Integral de Cuidados.