CRISIS INSTITUCIONAL EN TLAXCALA: LA DELGADA LÍNEA ENTRE EL PODER Y LA DELINCUENCIA

Los recientes acontecimientos en Tlaxcala evidencian una profunda crisis institucional, donde la delincuencia organizada parece haber tejido una red de complicidades que alcanza las más altas esferas del poder político.

La detención del esposo de una diputada local de Morena, señalado como presunto líder de una célula delictiva, no solo confirma la infiltración del crimen organizado en la política, sino que también revela la peligrosa normalización de la colusión entre legalidad e ilegalidad.

Fotografías públicas muestran a figuras de la política y presuntos delincuentes compartiendo eventos sociales con inquietante naturalidad, reflejando una realidad en la que el crimen organizado se ha integrado al tejido social. Estas imágenes, lejos de generar indignación o investigaciones, parecen aceptadas como parte del statu quo.

Más alarmante aún es la denuncia de la alcaldesa de San Pablo del Monte sobre la infiltración criminal en su propio ayuntamiento, una declaración grave que, paradójicamente, no ha derivado en investigaciones ni consecuencias políticas.

El hallazgo de laboratorios de metanfetamina por parte de autoridades federales, en contraste con la pasividad de los gobiernos locales, refuerza la percepción de un patrón recurrente. Tal como ocurre con la trata de personas, el crimen organizado se entrelaza con la economía y la sociedad tlaxcaltecas hasta volverse casi indistinguible de la actividad legítima.

Este fenómeno recuerda peligrosamente cómo, en ciertas regiones del estado, la delincuencia deja de ser una anomalía para convertirse en una “tradición” tolerada.

Si bien la intervención federal es necesaria, resulta insuficiente sin una depuración profunda de las instituciones locales. Tlaxcala debe romper el ciclo de complicidad y silencio antes de que la frontera entre legalidad y crimen se desvanezca por completo.

La pregunta ya no es si existe infiltración criminal en la política, sino hasta qué punto ha penetrado y cuántos más están involucrados en una red de complicidades que amenaza con corromper irreversiblemente el tejido social del estado.