DOCENTES DE TELESECUNDARIA EN APIZACO ROMPEN EL SILENCIO Y DENUNCIAN A JEFE DE SECTOR POR ACOSO Y ABUSO DE PODER

Con valor y cansadas del silencio institucional, docentes de la Telesecundaria José María Morelos y Pavón, en Apizaco, alzaron la voz este miércoles para denunciar públicamente a José Salvador N., jefe del sector 02 de Telesecundarias Federales, a quien señalan por presunto acoso sexual, hostigamiento laboral, abuso de autoridad y difamación.

En una rueda de prensa realizada la tarde de este miércoles, las maestras exigieron la intervención inmediata de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE-USET), acusando omisión y falta de acciones efectivas para frenar los abusos que, dijeron, llevan años afectando a profesoras, directoras y personal administrativo, e incluso a estudiantes de entre 12 y 15 años.

“Lo hemos denunciado desde hace tiempo, pero todo queda en promesas o en castigos momentáneos. Esto ha llegado demasiado lejos y alguien tiene que responder”, señalaron con firmeza.

ACOSO, REPRESALIAS Y ABUSO DE PODER

Las denunciantes, que solicitaron el resguardo de su identidad por temor a represalias, relataron que el acoso no se limita a insinuaciones verbales, pues varias han sido amenazadas, condicionadas laboralmente e incluso suspendidas de sus funciones por negarse a las peticiones indebidas del funcionario.

Uno de los testimonios más graves refiere que una profesora fue destituida sin goce de sueldo tras rechazar avances de Salvador N. Otra víctima relató que, tras denunciarlo, fue acusada falsamente y enviada a prisión, aunque más tarde fue liberada al demostrarse que todo fue producto de una represalia.

De manera alarmante, las docentes denunciaron que el agresor utilizaba una combi azul, presuntamente acondicionada para actos sexuales, aprovechando el horario laboral y su posición de poder.

AUTORIDADES OMISAS Y MEDIDAS IGNORADAS

A pesar de las múltiples denuncias, oficios y reportes formales —incluso ante la Casa de Justicia para Mujeres— el funcionario fue suspendido apenas tres meses en 2023, pero logró reincorporarse sin mayores consecuencias.

En junio de 2025, se ordenaron medidas cautelares y su separación definitiva del cargo, pero la SEPE-USET ignoró las disposiciones, permitiendo que continuara en funciones más de diez días tras la orden oficial.

EXIGEN JUSTICIA Y UN ALTO A LA IMPUNIDAD

Las afectadas denunciaron públicamente la complicidad institucional y solicitaron al titular de la SEPE-USET, Homero Meneses Hernández, actuar con perspectiva de género, aplicar la ley y garantizar espacios educativos libres de violencia.

“Exigimos a las autoridades que dejen de calificar nuestros casos como asuntos personales. Esto es violencia laboral, institucional y de género. No es una guerra personal, es una lucha por respeto y dignidad”, concluyeron.

La situación mantiene en alerta a la comunidad escolar y a colectivos de derechos humanos, quienes exigieron acciones inmediatas para frenar estos actos antes de que la violencia escale aún más.