CONGRESO DE TLAXCALA DEFINIRÁ CUENTAS PÚBLICAS 2024 A PARTIR DEL 7 DE AGOSTO: OBSERVAN POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL POR $391.8 MILLONES
Si no hay cambios de última hora, será el 7 de agosto cuando el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala inicie formalmente el análisis y dictaminación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2024.
Los informes entregados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) ya fueron turnados a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su revisión técnica, y deberán ser votados a más tardar el 31 de agosto, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
IRREGULARIDADES MILLONARIAS Y MUNICIPIOS EN LA MIRA
El auditor superior Arturo Lucio Salas Miguel reveló que las auditorías detectaron un posible daño patrimonial por $391.8 millones de pesos, equivalente al 37.3% de las irregularidades no solventadas en tiempo y forma por las entidades fiscalizadas.
Entre los municipios con mayores observaciones destacan:
- Huamantla: $37 millones por gastos en exceso, pagos improcedentes y recursos faltantes.
- Zacatelco: anomalías por $25.2 millones atribuidas a la administración anterior y a la actual.
- Tlaxcala capital, San Pablo del Monte y Tequexquitla, también con cifras considerables.
El OFS recomendó reprobar las cuentas públicas en al menos 39 municipios, algunos de los cuales arrastran irregularidades desde el segundo semestre de 2024.
DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Los tres poderes del estado, así como dependencias estatales, paraestatales y organismos autónomos, acumulan un presunto daño patrimonial por $56.6 millones de pesos.
De manera destacada, solo el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco (ITST) será reprobado en su cuenta pública. El Poder Ejecutivo y el Legislativo no registraron ningún peso observado, mientras que el Poder Judicial mantiene pendientes por apenas $48,190.36 pesos.
“NO HABRÁ ENCUBRIMIENTO POLÍTICO”
El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Ever Alejandro Campech Avelar, aseguró que el Congreso no intervendrá en los procesos de solventación.
“No habrá intervención de los diputados en los procesos de solventación”, advirtió el legislador, dejando claro que el procedimiento se conducirá con total transparencia.
La sesión del 7 de agosto marcará el inicio de un proceso clave para definir qué entes públicos cumplieron con la correcta aplicación de los recursos y cuáles deberán responder por los presuntos daños patrimoniales detectados.



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