ANA LILIA RIVERA: SIETE AÑOS EN EL SENADO Y APENAS OBTUVO TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL

La política mexicana está llena de ejemplos que confirman que el poder no siempre exige preparación académica, y el caso de la senadora morenista Ana Lilia Rivera Rivera es una muestra evidente. Aunque ocupa un escaño en el Senado desde 2018, su título universitario fue obtenido hasta 2023 y su cédula profesional se expidió apenas en octubre de 2025, es decir, hace un mes.

El caso de Rivera expone una realidad incómoda: mientras millones de mexicanos requieren estudios profesionales para obtener un empleo básico, para ciertos actores políticos el trámite parece una simple formalidad. Una exigencia mínima para la ciudadanía se convierte en un requisito prescindible para quienes redactan y aprueban leyes.

A lo largo de su carrera, la senadora ha construido una imagen de defensora del maíz nativo, promotora del campo y portavoz del sistema agrícola Metepantle, reconocido por la FAO. No obstante, sus discursos contrastan con la realidad: Tlaxcala y buena parte del país siguen enfrentando pobreza rural, rezagos productivos y un crecimiento económico estancado, sin políticas públicas que realmente transformen la vida del campesinado.

La incongruencia se ensancha cuando Rivera presume impulsar reformas al Código Penal, a la Ley de Adquisiciones, a la Ley Federal de Telecomunicaciones o una nueva Ley Agraria. Sin embargo, su agenda legislativa se ha alineado más con la narrativa de la Cuarta Transformación que con las necesidades específicas de Tlaxcala o México. Abundan discursos, posicionamientos y exhortos; escasean resultados.

El contraste con figuras como la presidenta Claudia Sheinbaum, reconocida por su formación académica sólida —incluido un doctorado en Ingeniería en Energía—, es inevitable.

A sus 52 años, y tras ser dos veces senadora por Tlaxcala, Rivera ya cuenta con su cédula profesional. Lo que sigue sin aparecer es una trayectoria legislativa que justifique los siete años que ha tenido representación en la Cámara Alta. Porque, más allá de ceremonias, símbolos y discursos sobre identidad, el campo mexicano necesita políticas públicas reales, no retórica reciclada.

Si bien la ley no exige título profesional para ser senador, la ética pública sí demanda coherencia. Quienes crean leyes deberían, como mínimo, llegar con su formación concluida, no con trámites pendientes durante años.