JUEZA RETRASA RESTITUCIÓN DE MENOR A SU MADRE, PESE A PRUEBAS DE VIOLENCIA VICARIA: COLECTIVAS EXIGEN JUSTICIA

Pese a que el padre de la menor fue vinculado a proceso por violencia vicaria y sustracción de menores, la jueza María Dolores López Rubí Guerrero ha retrasado por más de un mes la restitución cautelar de la niña a su madre, Daniela Flores Mustre, ignorando la urgencia legal de 48 horas que establece el procedimiento.

Este nuevo acto de omisión judicial, denunciado por la Colectiva Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, se suma a una cadena de irregularidades que, aseguran, reflejan una sistemática violencia institucional ejercida por el Poder Judicial de Tlaxcala contra Daniela, quien lleva más de siete años luchando por justicia.

UNA OMISIÓN QUE PONE EN RIESGO A UNA NIÑA

Durante una protesta pacífica frente al Juzgado Segundo de lo Familiar, la colectiva feminista denunció que la jueza ha ignorado el principio de interés superior de la niñez, al no emitir una resolución que garantice el retorno seguro de la menor a su madre, a pesar de que ya existe un proceso penal contra el padre por actos de violencia.

“La jueza viola deliberadamente los derechos de mi hija. Ya fueron reconocidos actos de abuso por parte de mi expareja, y aun así, ella sigue bajo su custodia. Esto no tiene justificación legal ni humana”, denunció Daniela Flores.

UNA JUSTICIA CIEGA Y SORDA ANTE LA VIOLENCIA

Organizaciones y expertas en derechos humanos aseguran que la actuación de la jueza carece de perspectiva de género e infancia, y cuestionan el motivo por el cual insiste en mantener a la menor en manos de su presunto agresor.

“La jueza no ha querido, ni quiere, proteger a la niña ni a la madre. Hoy estamos aquí para evidenciar que su omisión es también violencia”, señalaron las mujeres que acompañaron a Daniela.

Gabriela Rosas, vocera de la colectiva, señaló que este caso demuestra cómo el principio jurídico del interés superior del menor se ha convertido en letra muerta dentro del sistema judicial tlaxcalteca.

SIETE AÑOS DE CALVARIO JUDICIAL

Daniela Flores ha enfrentado una persecución legal sin precedentes: cinco jueces, nueve amparos, y más de una decena de procesos impulsados por su expareja —de nacionalidad francesa— que ha usado el sistema judicial como un arma para desgastarla.

Fue la abogada y activista Cecilia Monzón, víctima de feminicidio, quien tomó el caso como uno de los más emblemáticos de violencia vicaria. Desde entonces, Daniela ha seguido su defensa enfrentando un sistema legal que parece favorecer al agresor.

El punto de quiebre ocurrió cuando, con una fotocopia de una denuncia sin pruebas, el padre logró arrebatarle a la niña cuando tenía apenas cuatro años. Aunque dicha denuncia fue desestimada, ha sido utilizada una y otra vez como pretexto legal para continuar la violencia.

Piden Intervención Urgente

Las colectivas feministas exigen la intervención inmediata de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, del Consejo de la Judicatura, del SEDIF, de la Secretaría de las Mujeres y de instancias nacionales de protección a la infancia.

“¿Cuántos años más de violencia vicaria con el consentimiento de las autoridades tienen que pasar para que Daniela y su hija reciban justicia?”, cuestionaron.

La solicitud formal de restitución fue ingresada después del 16 de junio de 2025, cuando la jueza Arely Joffre vinculó a proceso al padre por sustracción de menor y violencia vicaria. Sin embargo, hasta la fecha, la menor sigue bajo su custodia.

Incluso, el DIF estatal realizó una pericial a Daniela en la que se determinó que existe un riesgo real de feminicidio y homicidio por parte de su expareja, prueba que también ha sido ignorada por la jueza López Rubí.

La historia de Daniela Flores no es un caso aislado, es el reflejo de un sistema que revictimiza, protege al agresor y castiga a las madres que luchan por sus hijas. Hoy, su clamor es claro: ¡justicia ya!