EMPRESA LIGADA A CORRUPCIÓN Y ADEUDOS LABORALES OBTUVO CONTRATOS EN TRAMO SINIESTRADO DEL CORREDOR INTEROCEÁNICO

La empresa ABCD Arquitectura, responsable de obras en el tramo Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec —donde recientemente ocurrió un grave siniestro ferroviario—, está vinculada a Javier Arturo Aguilera Peña, empresario inhabilitado en Hidalgo por corrupción y hoy presidente del Consejo de Administración de PROISTMO, organismo clave en el desarrollo industrial de la región.

Pese a que Producciones Autica, empresa hidalguense ligada a Aguilera Peña, fue inhabilitada en 2023 por participar en una red de contratos irregulares durante el gobierno de Omar Fayad, ABCD Arquitectura recibió contratos millonarios por parte del Corredor Interoceánico, cuando éste ya operaba bajo la Secretaría de Marina. Las obras incluyen estaciones ferroviarias, equipamiento especializado de vía y el complejo ferroviario de Matías Romero, Oaxaca.

Activistas y trabajadores locales denuncian un patrón de abusos laborales, despidos masivos sin liquidación y adeudos a más de 100 proveedores, quienes aseguran no haber recibido pago alguno por trabajos y uso de maquinaria desde 2024. Las protestas y bloqueos se han multiplicado en la zona, evidenciando un caos social y económico alrededor del megaproyecto.

“El accidente era una tragedia anunciada”, afirmó Carlos Beas, activista de Matías Romero, al señalar prisas en la ejecución, empresas sin experiencia adecuada y la falta de escucha a ferrocarrileros con conocimiento histórico del trazo. A ello se suma la denuncia de ausencia de protocolos de atención a siniestros por parte de la Marina, lo que obligó a comunidades cercanas a ser las primeras en auxiliar a las víctimas.

El Corredor Interoceánico, decretado en 2019 sin una consulta indígena adecuada —según comunidades—, enfrenta además señalamientos de militarización y criminalización de opositores. Organizaciones del Istmo responsabilizan a la Secretaría de Marina por omisiones ante las demandas sociales y por la falta de reparación de daños en comunidades afectadas.

Mientras tanto, autoridades estatales han reconocido que solicitarán revisar posibles irregularidades de esta red empresarial ante el Gobierno federal. El caso vuelve a poner en el centro del debate la asignación de contratos públicos, la supervisión de obras estratégicas y la protección de derechos laborales y comunitarios en uno de los proyectos prioritarios del país.

Con información de: SinEmbargo