PROPUESTA PARA CREAR DEFENSORÍA PÚBLICA DE DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES EN TLAXCALA

El presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), Miguel Nava Xochitiotzi, ha propuesto al Congreso local la creación de una Defensoría Pública para la Atención y Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Estado de Tlaxcala, mediante una reforma a la Ley Orgánica del TET.

OBJETIVO Y FUNCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA

La propuesta contempla que esta nueva instancia sea un órgano desconcentrado del Tribunal Electoral de Tlaxcala, con autonomía técnica, operativa y de gestión. Su objetivo principal será proporcionar orientación legal gratuita a los ciudadanos del estado, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales.

La Defensoría Pública se enfocará en proteger los derechos político-electorales de diversos grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo mujeres, personas con discapacidad, comunidades originarias e indígenas, juventudes, migrantes, la comunidad LGBTTIQ+, adultos mayores y otros sectores en riesgo. La intención es asegurar que estos grupos tengan acceso equitativo y sin barreras a sus derechos.

PROCESO LEGISLATIVO Y RECOMENDACIONES

La propuesta fue presentada mediante un oficio al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Miguel Ángel Caballero Yonca, quien ha remitido la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos de la Cámara de Diputados para su análisis.

Nava Xochitiotzi ha destacado que la creación de esta Defensoría Pública responde a un compromiso histórico para fortalecer la democracia y consolidar el estado de derecho en Tlaxcala. “Es fundamental que el Tribunal Electoral asuma la responsabilidad de establecer esta defensoría, que atenderá y protegerá los derechos de las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad,” subrayó.

DETALLES ADICIONALES Y ELECCIÓN DEL TITULAR

La Defensoría Pública ofrecerá sus servicios de manera gratuita y se proporcionarán a solicitud de los interesados, a través de los canales institucionales establecidos en el protocolo de actuación. Además, se propone que el titular de la Defensoría sea elegido mediante una convocatoria pública abierta, asegurando transparencia y legitimidad en el proceso.