EL CONGRESO DE TLAXCALA DESIGNARÁ A UN NUEVO MAGISTRADO, PERO SU PERMANENCIA NO ESTÁ ASEGURADA

El Congreso del estado de Tlaxcala se prepara para designar al próximo magistrado que ocupará el cargo de Fernando Bernal Salazar en el Poder Judicial local. Sin embargo, la permanencia de este nuevo magistrado no está garantizada por el período completo de seis años, según lo revelado por Ever Alejandro Campech Avelar, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Poder Legislativo.

Esta situación se debe a que la LXV Legislatura deberá armonizar la legislación local con las recientes reformas constitucionales que modifican el proceso de designación de magistrados, estableciendo que estos se elijan mediante un proceso electoral y con el voto ciudadano.

En entrevista, el diputado de Morena destacó que, hasta que se complete esta armonización, el próximo magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) será designado a partir de una terna enviada por la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros.

“Lo que sucederá en Tlaxcala es un reflejo de lo que ocurrirá en otros estados. Nos ajustaremos al procedimiento vigente. La duración del mandato del nuevo magistrado, ya sea por meses o un año, estará sujeta a los mismos procesos electorales establecidos en la reforma constitucional”, indicó Campech Avelar.

Con el mandato de Fernando Bernal Salazar concluyendo el próximo 23 de octubre, el presidente del Poder Legislativo aseguró que la elección del nuevo integrante del TSJE seguirá lo estipulado en la Constitución Política local.

“Debemos realizar el procedimiento conforme a la legislación actual, por lo que revisaremos que la terna enviada por el Ejecutivo cumpla con los requisitos necesarios. Posteriormente, se someterán a comparecencias para la designación”, explicó.

Campech Avelar enfatizó que el Poder Legislativo se apegará al procedimiento establecido. “Ya estamos en proceso para la designación del magistrado. Una vez recibida la terna del Ejecutivo, la Mesa Directiva la enviará a la Comisión de Puntos Constitucionales para su respectivo trámite”.

Además, recordó que, tras la aprobación de la reforma judicial a nivel nacional, las entidades federativas tienen un plazo de 180 días para armonizar su legislación local. “Una vez aprobada la reforma, contamos con 180 días para adecuar la normativa vigente sobre la elección de magistrados y jueces. Sin embargo, el tiempo es limitado para realizar esta adecuación en este caso”, concluyó.