«SUPREMA CORTE EN TENSIÓN: JUZGADORES SE OPONEN A CONTROVERSIA SOBRE LA REFORMA JUDICIAL DE AMLO, ACUSANDO UN POTENCIAL GOLPE DE ESTADO»

En un giro inesperado en el debate sobre la reforma al Poder Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha propuesto analizar una controversia presentada por un grupo de juzgadores en contra de la iniciativa. Esta propuesta ha desatado un intenso intercambio de opiniones entre los magistrados, reflejando las profundas divisiones en torno al tema.

El proyecto de controversia, presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara, fue rechazado en tres votaciones, destacando la fuerte oposición de la ministra Lenia Batres. Durante la sesión del 3 de octubre, Batres expresó su preocupación de que este análisis pudiera interpretarse como un «golpe de Estado». “Si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, estaría violando el principio de supremacía constitucional y la división de poderes”, advirtió.

Según la ministra, aceptar tal análisis significaría que la Corte asumiría competencias que no le corresponden, lo que podría resultar en un grave desbalance del Estado Constitucional de Derecho. “Ningún poder constituido puede abstraerse de la órbita en la que la Constitución sitúa su esfera de competencias”, afirmó Batres, aludiendo a la necesidad de preservar la independencia y el rol del Poder Legislativo en el proceso de reforma.

Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz también se manifestaron en contra del análisis, sumándose a las preocupaciones de Batres. En contraposición, el ministro Javier Laynez Potisek cuestionó la postura de sus colegas, sugiriendo que su rechazo a reflexionar sobre la reforma pone en riesgo la protección de derechos fundamentales. “¿Qué harían si el Congreso decide imponer penas drásticas que vulneran derechos humanos?”, planteó Laynez.

La controversia en la SCJN no solo subraya las tensiones en el sistema judicial mexicano, sino que también pone de manifiesto las implicaciones más amplias de la reforma propuesta, que podría transformar la manera en que se interpreta y se aplica la ley en el país. La deliberación sigue siendo un punto crítico en la agenda política nacional, mientras los jueces y magistrados navegan por un terreno cada vez más complicado.