APIZACO ENFRENTA UN IMPORTANTE REZAGO EN SEGURIDAD, SEGÚN EL SECRETARIADO ESTATAL

El presidente municipal de Apizaco, Javier Rivera, se enfrenta a un significativo rezago en materia de seguridad, lo que requiere decisiones urgentes, afirmó Maximino Hernández Pulido, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp).

Hernández Pulido destacó que el director de Seguridad Pública local, un militar de carrera, ha informado que su evaluación ha sido aprobada. Sin embargo, el Sesesp ha solicitado corroborar esta información a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mientras que, hasta el jueves pasado, el director seguía en la lista de funcionarios que deberían ser removidos.

A raíz de recientes incidentes de inseguridad, incluidos asaltos armados en comercios, el secretario admitió que “hay un rezago importante en materia de seguridad” en Apizaco. Subrayó que la gobernadora ha sido consciente de que los nuevos presidentes municipales deben realizar ajustes en sus estrategias de seguridad desde el inicio de su gestión.

“Apizaco, una de las demarcaciones más relevantes del estado, hereda este problema. No es nuevo el robo a transeúntes o vehículos; los mapas de calor y las llamadas al 911 lo confirman. Por eso se plantea el cambio de mando, con la idea de que un marino asuma la dirección tras acreditar su certificación”, añadió.

En una entrevista colectiva, el secretario mencionó que la fuerza policial de Apizaco está compuesta por aproximadamente 150 elementos, y que es responsabilidad del alcalde evaluar su capacidad operativa y tomar decisiones al respecto. “No lo dejaremos solo en esta tarea”, afirmó.

Ante la posibilidad de que el edil deba realizar una “limpia” en la corporación, el secretario respondió que “seguramente sí”, ya que es fundamental abordar la situación de elementos que no cumplan con las evaluaciones necesarias, a través del Consejo de Honor y Justicia.

Hernández Pulido recordó que, antes del cambio de administración, la tasa de certificación de policías era del 94%, pero descendió al 84% tras el traspaso de poder. “Esto ha contribuido a un aumento en la incidencia delictiva. Aunque no es directamente proporcional, se movieron 300 policías, lo que generó un desfase en la operatividad”, explicó, señalando que esto ocurrió en septiembre, cuando también se registró un repunte delictivo.