“SE TOMARON UNA CERVEZA”: GOBIERNO DESCONOCE ASAMBLEA DE IXCOTLA Y CUESTIONA A INCONFORMES

Antonio Martínez Velázquez aseguró que la reunión donde se pretendió remover al presidente de comunidad no cuenta con validez jurídica ni institucional y acusó una mala asesoría legal.

El conflicto en Guadalupe Ixcotla, Chiautempan, volvió a subir de tono luego de que el coordinador de Comunicación del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, desestimara la reciente asamblea comunitaria en la que un grupo de pobladores acordó remover al presidente de comunidad.

El funcionario estatal sostuvo que dicha reunión no contó con el aval del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ni de otra instancia competente, por lo que, desde la postura del Gobierno estatal, carecería de las características necesarias para ser reconocida como una asamblea comunitaria con efectos jurídicos.

Martínez Velázquez incluso lanzó una polémica referencia sobre el encuentro al señalar que pudo tratarse simplemente de una reunión entre pobladores.

“Probablemente es un ejercicio, se reunieron, se tomaron una cerveza, era sábado”, expresó el funcionario.

El coordinador de Comunicación también cuestionó que durante esa reunión se haya pretendido desconocer al presidente de comunidad que, según su postura, había sido restituido mediante determinaciones de los tribunales electorales.

El tema no es menor. En agosto, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la invalidez de una asamblea previa de Guadalupe Ixcotla que había destituido al presidente de comunidad, al considerar que no se había convocado expresamente para discutir su remoción y que quienes organizaron aquella reunión no tenían facultades para hacerlo.

Sin embargo, el conflicto tuvo un nuevo capítulo en septiembre. Una nueva asamblea celebrada el 18 de septiembre acordó nuevamente remover a José Juan Cuautle Romano y eligió a Miguel Sastré de Casa como nuevo presidente de comunidad, de acuerdo con reportes periodísticos sobre el encuentro.

En este escenario, Martínez Velázquez calificó el movimiento como un intento “ocioso” y atribuyó la controversia a una presunta mala asesoría jurídica. También cuestionó directamente a la abogada que representa al grupo inconforme y aseguró que, desde su perspectiva, habría perjudicado a los ciudadanos que participan en el movimiento.

El funcionario sostuvo además que quienes no forman parte de las autoridades comunitarias no tendrían atribuciones para convocar este tipo de reuniones, al considerar que el marco constitucional y las normas comunitarias establecen quiénes pueden hacerlo.

Mientras el conflicto político y comunitario continúa, el Gobierno estatal mantiene su respaldo al proyecto de infraestructura médica del IMSS-Bienestar, que contempla una Unidad de Medicina Familiar y otras instalaciones de salud en la zona.

El proyecto ha generado posiciones encontradas entre habitantes de Ixcotla: mientras autoridades han defendido que cuenta con respaldo comunitario, grupos inconformes han cuestionado el procedimiento y han exigido preservar los espacios deportivos.