UNIDAD DE POLICÍA CIBERNÉTICA DE TLAXCALA PREVIENE PÉRDIDAS POR MÁS DE 10 MILLONES DE PESOS EN FRAUDES Y EXTORSIONES DIGITALES

La Unidad de Policía Cibernética de Tlaxcala ha logrado prevenir pérdidas superiores a los 10 millones de pesos en lo que va del año, gracias a su intervención y asesoría en casos de fraude y extorsión digital, reveló Ricardo Flores Ramírez, titular de esta dependencia.

En entrevista, Flores Ramírez destacó que la mayoría de los reportes atendidos provienen de ciudadanos que, al sospechar de posibles fraudes, buscan orientación para evitar caer en engaños y estafas. A través de la intervención oportuna, la Policía Cibernética ha logrado frenar diversas actividades delictivas que de otro modo habrían afectado económicamente a los tlaxcaltecas.

ATENCIÓN A MÁS DE MIL 600 REPORTES

Hasta el mes de octubre, la unidad ha atendido alrededor de mil 600 reportes, de los cuales el 40% corresponde a hackeos, un 20% a fraudes, otro 20% a cobros ilegítimos y un 15% a casos de extorsión y acoso cibernético. Además, la unidad lleva a cabo un “ciberpatrullaje” constante para identificar y solicitar la baja de sitios web fraudulentos, una labor que es crucial para la prevención de delitos en línea.

PRINCIPALES DELITOS CIBERNÉTICOS EN TLAXCALA

Los delitos cibernéticos más comunes en Tlaxcala incluyen fraudes en comercio electrónico, extorsión y acoso digital. Flores Ramírez explicó que muchas víctimas caen en estafas al intentar realizar compras en línea o a través de redes sociales, donde, en ocasiones, terminan pagando por productos que nunca reciben o entregan artículos sin recibir el pago correspondiente. Asimismo, la extorsión digital —a menudo mediante llamadas o mensajes por redes sociales—, así como el acoso y la difamación en estas plataformas, son delitos recurrentes en el estado.

PREVENCIÓN Y ASESORÍA INMEDIATA

Uno de los principales objetivos de la Policía Cibernética es prevenir que los ciudadanos realicen pagos innecesarios o depósitos a sitios fraudulentos. “Cuando los usuarios sospechan de un sitio web o perfil en redes sociales, se comunican con nosotros para verificar su legitimidad. Gracias a esta colaboración, hemos logrado evitar daños económicos significativos a los tlaxcaltecas”, señaló el titular.

Aunque la Policía Cibernética proporciona orientación y prevención, las denuncias formales deben ser presentadas ante el Ministerio Público, quien se encarga de abrir una carpeta de investigación. La unidad cibernética colabora estrechamente con las autoridades, proporcionando datos y evidencia que ayudan a identificar perfiles sospechosos en redes sociales. Sin embargo, el proceso de investigación depende también de la cooperación de empresas tecnológicas como Meta (Facebook e Instagram) y Google, lo que puede ralentizar la respuesta debido a la complejidad de los trámites internacionales.

COOPERACIÓN CON EMPRESAS Y OTROS ESTADOS

Flores Ramírez destacó la importancia de colaborar con empresas tecnológicas nacionales e internacionales, así como con el Comité de Ciberseguridad, que facilita el intercambio de información y experiencias con otras unidades de Policía Cibernética en todo México. Esto fortalece la capacidad de la unidad para enfrentar amenazas digitales de manera más efectiva.

La unidad de Policía Cibernética está integrada por ocho especialistas en informática, criminología y derecho, quienes trabajan de manera coordinada para combatir los delitos cibernéticos en el estado.

DESAFÍOS DEL ANONIMATO DIGITAL

Uno de los mayores desafíos en la investigación de delitos cibernéticos es el anonimato que ofrece internet a los delincuentes, lo cual facilita su capacidad para ocultar su identidad y llevar a cabo actividades ilegales. «Aunque contamos con herramientas avanzadas para la identificación de los agresores, la naturaleza del entorno digital complica la localización total de los responsables», explicó Flores Ramírez.

El titular concluyó resaltando la necesidad de seguir innovando en técnicas de ciberseguridad y mejorar los procesos de colaboración para garantizar la protección de los ciudadanos ante las amenazas digitales.