GOBIERNO DE TLAXCALA OCULTÓ INCONSTITUCIONALIDAD DEL ITDEP TRAS RESOLUCIÓN DE LA SCJN

El gobierno de Tlaxcala, encabezado por la administración morenista de Lorena Cuéllar Cisneros, ocultó durante seis meses la inconstitucionalidad del Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado (ITDEP), luego de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en mayo de 2024.

La controversia surgió tras la publicación de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, el 14 de febrero de este año. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad, lo que llevó a la SCJN a declarar la norma incompatible con la Constitución. Sin embargo, el gobierno estatal, encabezado por Cuéllar Cisneros, no hizo pública la resolución sino hasta seis meses después, a pesar de tener conocimiento de la misma desde mayo.

El pasado 12 de noviembre, la SCJN publicó oficialmente el fallo en el que se confirmaba que los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tlaxcala defendieron la constitucionalidad de la norma impugnada. En respuesta, el gobierno de Tlaxcala presentó una iniciativa para abrogar la ley que dio origen al ITDEP el 7 de noviembre, y días después, el 12 de noviembre, hizo pública la acción de inconstitucionalidad.

Este retraso en la difusión de la resolución significa que la administración de Cuéllar Cisneros y la pasada Legislatura local fueron omisas durante seis meses ante un fallo que ya declaraba al ITDEP inconstitucional. La LXIV Legislatura, cuyo mandato terminó este año, ya había sido señalada por su actuación, ya que la creación del instituto violaba el principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica.

Según la SCJN, el Congreso local no está facultado para regular la administración de bienes sujetos a extinción de dominio, ya que esa prerrogativa corresponde al Congreso de la Unión a través de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. La creación del ITDEP resultó en una doble regulación sobre asuntos ya previstos por la ley federal.

Además, durante estos seis meses, Miguel Sánchez Ramírez, quien hasta hace poco dirigió el ITDEP y fue recientemente nombrado consejero del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE), continuó ejerciendo recursos públicos para el funcionamiento del instituto, a pesar de la evidente inconstitucionalidad de su existencia.