TLAXCALA ENDURECE PENAS POR AGRESIONES Y DENUNCIAS FALSAS CONTRA MAESTROS Y SERVIDORES PÚBLICOS

El Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó una reforma al Código Penal local que busca proteger a los trabajadores de la educación y a los servidores públicos ante el incremento de agresiones y denuncias infundadas en su contra.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, los diputados locales avalaron sanciones más severas para quienes cometan lesiones, homicidios o denuncias falsas dirigidas a maestros o funcionarios, con el objetivo de garantizar su seguridad y el respeto a su labor.

De acuerdo con los legisladores, la reforma responde a un preocupante aumento en los ataques contra docentes en la entidad. Tan solo en el ciclo escolar anterior se registraron más de 90 agresiones, reflejo de una problemática que también afecta a nivel nacional.

CASTIGOS POR DENUNCIAS FALSAS

Quienes presenten denuncias o querellas basadas en hechos falsos podrían enfrentar de seis meses a dos años de prisión y multas de entre 11 mil y 34 mil pesos.
Cuando las acusaciones recaigan sobre servidores públicos o trabajadores de la educación, la pena se incrementará hasta en una mitad, alcanzando tres años de cárcel y una multa superior a 50 mil pesos.

SANCIONES POR HOMICIDIO O LESIONES

En los casos más graves, si una persona asesina a un maestro en ejercicio de sus funciones, enfrentará penas que van desde 26 años y ocho meses de prisión y una multa de 217 mil pesos, hasta 66 años y ocho meses de cárcel y más de 543 mil pesos si el homicidio es calificado.

Por otro lado, las lesiones cometidas contra personal educativo podrán castigarse con penas que van desde ocho meses de prisión y 5 mil 400 pesos de multa, hasta 13 años y cuatro meses de cárcel, además de multas superiores a 81 mil pesos si la víctima sufre pérdida de órganos, funciones o deformidades permanentes.

Con esta reforma, el Congreso de Tlaxcala busca dignificar la labor docente y proteger a quienes sirven al estado, enviando un mensaje claro: las agresiones y falsedades contra maestros y funcionarios no quedarán impunes.