TRANSPARENCIA BAJO LA LUPA EN EL CONGRESO DE TLAXCALA: ¿POR QUÉ FALTAN DECLARACIONES PATRIMONIALES?

Cuatro diputados acreditaron haber cumplido con la ley, mientras crecen los cuestionamientos por la información que no aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia

La falta de declaraciones patrimoniales de integrantes de la LXV Legislatura de Tlaxcala encendió los focos de alerta en materia de transparencia y rendición de cuentas, justo cuando el Congreso se prepara para una sesión extraordinaria en la que serán revisadas las cuentas públicas de 2025.

Después de que se reportara que 64 por ciento de los diputados locales no aparecía con su declaración patrimonial correspondiente al ejercicio 2025, cuatro legisladores decidieron presentar los documentos que acreditan que sí cumplieron con esta obligación.

Vicente Morales Pérez, Miriam Martínez Sánchez, Silvano Garay Loredo y Sandra Guadalupe Aguilar Vega mostraron sus respectivos acuses oficiales, demostrando que entregaron sus declaraciones dentro del plazo establecido.

Esto modifica el panorama inicial y coloca a estos cuatro legisladores dentro del grupo de quienes han acreditado formalmente el cumplimiento de su obligación.

Sin embargo, permanece la interrogante sobre por qué parte de estas declaraciones no aparece en los registros públicos de la Plataforma Nacional de Transparencia, situación que será cuestionada este jueves por integrantes de la propia Legislatura.

El caso que también ha llamado la atención es el de la diputada Aurora Villeda Temoltzin, a quien se buscó para conocer su postura sobre la ausencia de su información en los registros públicos, pero no respondió a la solicitud de este medio.

El debate llega en un momento particularmente sensible para el Poder Legislativo, pues los diputados tienen programada una sesión extraordinaria para aprobar las cuentas públicas correspondientes a 2025.

Ahora, además de discutir las cuentas, los legisladores deberán pedir explicaciones sobre las fallas o inconsistencias que existen en la publicación de sus propias declaraciones patrimoniales.

La pregunta queda sobre la mesa: ¿se incumplió con la obligación de declarar o simplemente falló la publicación de la información? El Congreso tendrá que aclararlo.